En menos de tres años, cinco entidades federativas han incorporado helicópteros de origen militar a sus fuerzas de seguridad pública, marcando un giro histórico en la aviación policial del país
Del helicóptero civil al control aéreo táctico
Durante décadas, el ala rotativa de los gobiernos estatales en México se construyó sobre helicópteros civiles. En prácticamente todo el país, la columna vertebral de las flotas aéreas de seguridad pública y protección civil estuvo dominada por Bell, con plataformas como el Bell 206, el Bell 407, el Bell 412 y el Bell 429. Otros estados optaron por Airbus Helicopters —con los modelos H125, H130 y H135— o por plataformas de Leonardo (AgustaWestland) como los AW109 y AW119 Koal. Estas plataformas están diseñadas para operar en entornos controlados, con énfasis en eficiencia y costos contenidos. Su misión principal es ver, trasladar y rescatar dicho de otra manera law enforcement.
En enero 2023, documentamos cómo el Black Hawk se había consolidado como uno de los pilares de la aviación militar mexicana. Cuatro años después, el escenario ha evolucionado de manera significativa.
El Black Hawk, en cambio, fue concebido para sobrevivir en combate. Cuenta con estructura reforzada, redundancia total de sistemas críticos, diseño crashworthy, blindaje balístico, rotor tolerante al daño y capacidad de operación en condiciones hostiles.
El Black Hawk ya no es solamente una herramienta del poder aéreo federal: se ha convertido en la plataforma aérea de seguridad pública de varios gobiernos estatales. México está entrando, de facto, en una nueva etapa: la era de la aviación policial pesada.
Donde el helicóptero civil es una herramienta de vigilancia, el Black Hawk es una herramienta de control aéreo táctico. El paso del Bell 407 al UH-60 no es una simple actualización de flota: es un cambio de paradigma operativo.
Los estados que dieron el paso
Jalisco fue el pionero. En 2011, en vísperas de los Juegos Panameriicanos de Guadalajara, el gobierno estatal adquirió directamente a PZL Mielec un S-70i —variante de exportación del Black Hawk—, convirtiéndose en la primera policía preventiva del país en operar un helicóptero de esa familia. La aeronave fue integrada a la Coordinación General Estratégica de Seguridad y ha registrado, desde entonces, su participación en más de un centenar de operativos, además de labores de rescate y aeromedicina.
Pero fue Nuevo León quien convirtió ese precedente aislado en tendencia. En septiembre de 2023, la Fuerza Civil del estado —bajo la administración del gobernador Samuel García— recibió un UH-60A+ proveniente de los excedentes subastados por el Ejército de los Estados Unidos, adquirido por aproximadamente 76.6 millones de pesos. Presentado oficialmente en octubre de ese mismo año, el aparato fue matriculado ante la AFAC como VCA-10 y se convirtió en símbolo del nuevo perfil de seguridad que el gobierno regiomontano buscaba proyectar. El segundo Black Hawk, con un costo estimado de 135 millones de pesos, fue anunciado en noviembre de 2025 y llegó a Nuevo León en enero de 2026. Al cierre de esta edición, ambas aeronaves se encontraban ya en rampa frente al hangar de Fuerza Civil, haciendo de esa entidad la primera en el país en operar dos Black Hawks dentro de una corporación policial estatal.
Zacatecas siguió el camino. El 5 de noviembre de 2024, el gobernador David Monreal recibió un UH-60A blindado y artillado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en el municipio de Guadalupe. La aeronave —adquirida también como excedente militar estadounidense, con un costo en torno a los 106 millones de pesos— fue integrada a una Unidad Aérea de Seguridad con tripulación especializada que incluye oficiales de artillería, técnicos aeronáuticos y personal médico. Para un estado golpeado con particular crudeza por la violencia del crimen organizado, el Black Hawk representa una capacidad operativa que los helicópteros civiles adaptados no podían ofrecer.
El caso de Chiapas tiene una dimensión geopolítica específica. El 25 de julio de 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Puerto Chiapas, dentro del municipio de Tapachula, el Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, integrado a la recién creada Fuerza de Reacción Inmediata ‘Pakal’. La inversión fue de más de 370 millones de pesos —equivalente a más de 20 millones de dólares—, enmarcada en un paquete más amplio que incluye lanchas tácticas de alta velocidad y drones artillados. La razón operativa es tan clara como la geografía: Chiapas comparte más de 650 kilómetros de frontera con Guatemala, y su territorio ha sido escenario de una presencia creciente de grupos criminales transnacionales que operan en esa franja fronteriza, lo que exige una respuesta aérea con capacidades reales de interdicción. La aeronave fue empleada por primera vez en un operativo real en octubre de 2025, durante un despliegue en el Valle Zoque.
La quinta entidad en sumarse es el Estado de México. La Secretaría de Seguridad estatal informó que el contrato para la adquisición de un UH-60 fue firmado en diciembre de 2025, con gestiones iniciadas desde septiembre de ese año. La aeronave operará con prioridad en la zona sur de la entidad —Tierra Caliente— donde la presencia de La Familia Michoacana representa uno de los principales desafíos de seguridad. Al cierre de esta edición, los pilotos designados concluían su proceso de certificación ante la SEDENA, con entrada formal en operaciones prevista para después del primer trimestre de 2026.
Un nuevo mapa aéreo
El panorama que dibuja esta secuencia de adquisiciones no es menor. En menos de tres años, cuatro estados —Nuevo León, Zacatecas, Chiapas y Estado de México— han incorporado Black Hawks a sus fuerzas de seguridad, sumándose al precedente de Jalisco. En total, seis aeronaves de esta familia operan o están en proceso de entrar en servicio bajo matrícula y responsabilidad de gobiernos estatales mexicanos.
El rearme aéreo de las policías estatales no surge en el vacío. Refleja la percepción —creciente entre los mandatarios— de que el apoyo federal, a través de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea o la Armada, no siempre es suficiente, oportuno o políticamente cómodo. Tener un Black Hawk propio significa no depender de nadie más para una evacuación táctica, un cerco aéreo o una persecución nocturna. Es autonomía operativa. Y en el México de 2025 y 2026, esa autonomía tiene un precio que varios estados han decidido pagar.
