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Tribunal de Bancarrotas rechazó tramo de financiación por US$900 millones de Latam

 

Un tribunal de Bancarrotas estadounidense rechazó el tramo de financiación de US$900 millones de un total por US$2.400 millones a favor de Latam Airlines.

Por Alberto López

El juez James Garrity, a cargo del Tribunal de Bancarrotas de Nueva York, rechazó la semana pasada la propuesta de financiación millonaria presentada por Latam Airlines, porque el préstamo convertible incluido como parte del paquete equivaldría a un trato “inadecuado” de otros accionistas.

Según parte del fallo, “el tribunal determina que el precio y los términos del contrato de crédito revisado, incluido el financiamiento DIP del Tramo A y del Tramo C, son completamente justos, y hay fundamentos bajo la sección 364 (c) del Código de Quiebras para autorizar a los deudores a celebrar el contrato de crédito DIP. Además, los prestamistas DIP tienen derecho a un dictamen de buena fe según la sección 364 (e) del Código de Quiebras”.

A pesar de que juez se mostró a favor de la propuesta en términos generales, rechazó el mecanismo de conversión de acciones para el pago de la deuda que se incluía en el Tramo C del plan de financiación presentado por Latam.

Este tramo consiste en un préstamo convertible de US$900 millones de los principales accionistas de la compañía, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, e incluye una ampliación por US$250 millones que podrá ser suscrita por otros accionistas en Chile, si fuese aprobado por la Corte.

Sin embargo el juzgador consideró que aprobar este tramo del plan supondría un tratamiento inadecuado para otros accionistas.

Por otro lado, el tribunal dejó una alternativa para que la aerolínea presente en un futuro un plan de financiación parecido en este Tramo C, pero que no contemple la posibilidad de convertir una parte del crédito en capital.

El plan de financiación, presentado bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession, por sus siglas en inglés), método que se utiliza en aquellas empresas que se han acogido al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, contempla también un Tramo A, al que el juez no puso reparos, y que asciende a US$1.300 millones.