Aviación Ejecutiva, Latinoamérica

El Dreamliner presidencial quema en las manos a Obrador

El pasado 7 de mayo el avión presidencial de México, un Boeing 787-8 Dreamliner, sobrevoló territorio estadounidense por casi tres horas, después de más de 500 días de permanecer estacionado en un hangar en Estados Unidos para intentar ser vendido sin éxito. Un día después, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se trató de una prueba de vuelo y que existe un interesado en comprarlo sin especificar quién ni la oferta de compra. Según la consultora británica Ascend, el avión se habría depreciado casi 80 millones respecto de su precio de compra inicial, 218 millones de dólares, hasta enero de 2019.

Informa: Alberto López

La consultora aeronáutica británica Ascend dictaminó en 2015 que lo más conveniente era que el nuevo avión presidencial de México siguiera siendo operado por el gobierno mexicano. Esto parece que será confirmado por la falta de opciones que refleja la actual crisis de la industria de aviación global, aunque se informó recientemente de un interesado en adquirirlo, sin precisar la identidad del interesado ni el precio ofertado.

Un mundo detenido por el coronavirus haría mucho más difícil que surjan opciones para la reventa o hasta la factibilidad de la rifa propuesta por López Obradror para recuperar algunos millones de dólares de la adquisición inicial como producto de la venta de boletos.

Aun en una industria sana, de hace tan solo unos meses atrás, la factibilidad de que una aerolínea estuviera interesada en adquirir el 787-8, con matrícula XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01), aún comprándolo en mucho menos de su valor inicial, era muy remoto, según reflejó en su momento, en la administración presidencial todavía de Enrique Peña Nieto, en 2015, el estudio de la consultora aeronáutica británica Ascend.

Peña Nieto es el único presidente que gozó de la prestación del Dreamliner cuando se recibió en 2016, mientras que su antecesor, Felipe Calderón, fue quien lo negoció y compró. El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se negó a utilizarlo e inclusive desde que era candidato presidencial usó el tema como uno de sus temas de campaña, al tildarlo de un despilfarro.

Venta imposible

Pero ¿por qué Ascend dictaminó que sería remoto, todavía en un mercado aeronáutico sano y ya no se diga en la coyuntura actual de una crisis sin precedentes, que el TP-1 fuera un negocio atractivo de reventa para una aerolínea?

Al recordar lo más relevante del estudio se debe tener en cuenta, según documenta el mismo, que el 787-8 de la Presidencia de México, fue uno de los seis aviones originales de prueba de Boeing para dicho modelo, con matrícula N787ZA, al salir de fábrica el 20 de julio de 2009, lo que de por sí es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta, pues las aeronaves de este tipo se someten a las más extremas pruebas para garantizar la confiabilidad del modelo en los siguientes equipos, nuevos de fábrica, que se entregarán a las compañías aéreas u otros operadores.

Para tener una idea del valor real de un avión de pruebas, aunque el 787-8 presidencial, también bautizado como “José María Morelos y Pavón”, tuvo un costo de adquisición por 218 millones de dólares, los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y el fabricante estadounidense reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México como el nuevo avión presidencial.

Aparte, se trata, advirtió Ascend, de un avión muy personalizado y se calcula que, si una aerolínea hubiera decidido adquirirlo, solo reconfigurarlo de su estado actual al estándar comercial costaría unos 15 millones de dólares y hasta 18 meses de trabajo, algo nada atractivo para compañías que en condiciones normales (sin el factor actual del Covid-19), adquieren equipos en flota a precios mucho más competitivos o bajo figura de leasing, en donde otras empresas invierten en adquirir los aviones y las aerolíneas solo los alquilan.

El Boeing 787-8 Dreamliner de la Presidencia de México fue usado en la mayor parte de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto.

Depreciación millonaria

Ascend ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perdería casi 66 millones de dólares, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a 72 millones de dólares.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de 76,26 millones de dólares.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de bizliners (aviones comerciales de cabina ancha –Wide Body- modificados para personalidades muy importantes). Pero Ascend al final concluyó que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

Sin embargo, el presidente mexicano decidió hace algunos meses atrás, antes de la crisis mundial por el Covid-19, que la opción, posiblemente, más viable era rifar el 787-8, dentro de un público con alto poder adquisitivo, con lo que se podría recaudar, aproximadamente, alrededor de 120 millones de dólares, algo al menos para recuperar de la inversión original y costos que ha representado tener estacionada la aeronave sin operar más de 500 días hasta que realizó el vuelo de prueba del 7 de mayo anterior.

Hasta ahora no se ha mencionado un posible aplazamiento de la rifa, prevista para el próximo 15 de septiembre, en la que se ofrece desde el 1 de marzo pasado seis millones de boletos de lotería en un costo cercano a 20 dólares cada uno y con la que se busca la recaudación de 3.000 millones de pesos, es decir, cerca de 120 millones de dólares.

Para esa bolsa de beneficios, la Fiscalía General de la República contribuyó con la entrega de un cheque por 2.000 millones de pesos procedentes de recursos incautados por actos delictivos. De manera que al final se contaría con 5.000 millones de pesos (más de 230 millones de dólares): 3.000 millones de la venta de boletos y 2.000 millones de pesos de la Fiscalía.

Tampoco se tiene informe oficial acerca de la cantidad de boletos vendidos, ni del dinero recaudado. Los empresarios, quienes se comprometieron a la adquisición de cerca de cuatro millones de boletos, no se han pronunciado al respecto del cumplimiento del compromiso, sobre todo ahora que diversas entidades financieras coinciden con una contracción de la economía mexicana, como estima Bank of America de hasta un 8% este año, debido al desplome de los precios del petróleo y la reducción de la actividad económica.

Además la aeronave no se entregará a ningún ganador de la rifa de la Lotería Nacional, pues de hecho no habría posibilidad real de que un ciudadano pueda operarlo por sí mismo y se vuelve a la situación que de acuerdo con el análisis de Ascend, más el escenario actual de crisis actual de la industria aeronáutica mundial por el Covid-19, no hay manera real y viable de comercializar el 787-8 y es previsible que el gobierno mexicano siga la recomendación de la consultora británica, de 2015, que lo más salomónico es seguir operando la nave como transporte presidencial y con la rifa se entregara una bolsa de premios en lugar del avión y se recuperara parte de la inversión para destinarla a algunas instancias del Estado.

Con el anuncio de una última hora de López Obrador falta ver qué tan factible resulta el supuesto interesado en comprar la aeronave y a cuánto asciende la oferta de compra, tomando en cuenta la depreciación ya anticipada por Ascend.